Cuando un conflicto llega a los tribunales, no basta con afirmar que se tiene razón. Las partes deben aportar pruebas que permitan al juez conocer qué ocurrió. A esto se le llama carga de la prueba: la regla que determina quién debe acreditar cada hecho relevante del procedimiento.
El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, cuando un hecho importante continúa siendo dudoso al dictarse sentencia, las consecuencias perjudican a la parte que tenía la obligación de demostrarlo.
¿Qué debe probar cada parte?
Como regla general, la persona que presenta una demanda debe acreditar los hechos en los que basa su reclamación. Por ejemplo, tendrá que demostrar que existía una obligación, que se produjo un incumplimiento o que sufrió el perjuicio que reclama.
Por su parte, la parte demandada debe probar los hechos que impidan, reduzcan o eliminen la reclamación. Esto puede incluir demostrar que la obligación ya se cumplió, que la deuda fue pagada, que el derecho había prescrito o que existe otra circunstancia que la exonera de responsabilidad.
No significa simplemente que «quien acusa debe probarlo todo». Cada parte debe acreditar aquellos hechos que apoyan su propia posición. El lenguaje judicial, como era previsible, necesitaba varias categorías para explicar algo que podría haberse dicho sin hacer sufrir a la población.
¿Qué ocurre cuando faltan pruebas?
Si después de analizar los documentos, testimonios, informes y demás elementos presentados siguen existiendo hechos relevantes sin aclarar, el juez debe aplicar las reglas de la carga de la prueba.
La falta o insuficiencia de pruebas puede provocar que una pretensión sea rechazada, aunque el relato de la parte afectada pudiera ser cierto. Por eso es importante conservar contratos, correos electrónicos, mensajes, nóminas, cuadrantes, comunicaciones internas, informes, fotografías y cualquier documento relacionado con el conflicto.
Las pruebas deben obtenerse y aportarse respetando la legalidad. Modificar documentos, manipular conversaciones o conseguir información vulnerando derechos puede perjudicar seriamente el procedimiento.
La facilidad para conseguir las pruebas
La ley también exige tener en cuenta qué parte se encontraba en mejores condiciones para aportar una determinada prueba. En ocasiones, la documentación está exclusivamente en poder de una empresa, una administración o la otra parte del procedimiento.
Por ello, el tribunal puede valorar la disponibilidad y facilidad probatoria de cada parte, evitando aplicar las reglas de manera tan rígida que generen una situación de indefensión.
Particularidades en los conflictos laborales
En la jurisdicción social existen reglas específicas que pueden modificar la distribución habitual de la prueba. En procedimientos relacionados con discriminación o vulneración de derechos fundamentales, la persona trabajadora debe aportar indicios razonables de que pudo existir esa vulneración.
Una vez presentados esos indicios, corresponde a la empresa ofrecer una justificación objetiva, razonable y suficientemente acreditada de su actuación. No se trata de que la empresa tenga que demostrar automáticamente su inocencia ante cualquier acusación, sino de que debe responder cuando existen indicios consistentes.
Preparar correctamente una reclamación
Antes de iniciar un procedimiento, es recomendable ordenar toda la información disponible:
- Identificar claramente los hechos que se quieren demostrar.
- Reunir los documentos relacionados con cada hecho.
- Ordenarlos cronológicamente.
- Identificar posibles testigos.
- Conservar siempre los archivos originales.
- Solicitar asesoramiento sindical o jurídico antes de actuar.
Un procedimiento bien preparado facilita el trabajo de los representantes y permite defender la reclamación con mayor solidez.
Sin pruebas, incluso una reclamación justa puede resultar difícil de acreditar. Defender nuestros derechos también exige documentar los hechos.